Un día más de “permiso adicional” para los policías

1517473_708140705872073_217743746_nUn precedente para los demás cuerpos.

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán disfrutar de un día más de “permiso adicional” por Resolución de 5 de febrero de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Este día adicional podrá disfrutarse como vacaciones o asuntos particulares, de forma acumulada o independiente, como así se recoge en la Resolución de la Secretaría de Administraciones Públicas y en el correo electrónico difundido por la División de Personal.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. ACTUALIZADA A ENERO 2014

ley-7-1985-reguladora-de-las-bases-de-regimen-localOs dejamos esta ley tras su reciente reforma para quien quiera echarle un vistazo. Saludos y espero que os resulte útil.

Vera (aquí)

Plan de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía 2014

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Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la se pública el Catalogo del Plan Anual de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el curso académico 2014.

Ver (aquí)

 

WhatsApp como prueba en juicio

whatsapp-como-prueba-en-juicioEl WhatsApp puede ser una prueba crucial en un juicio

El siglo XXI ha supuesto un cambio radical en la forma que la sociedad se interrelaciona. Desde que un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg, creara la red social Facebook, las relaciones interpersonales han sufrido un cambio drástico. Sin entrar a valorar los efectos beneficiosos o perjudiciales que han podido derivar del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, sí puede afirmarse de forma objetiva que han supuesto una auténtica revolución social: Tuenti, Facebook, Twitter… cuentan con millones de usuarios (suma que aumenta continuamente) que hacen uso cotidiano de los servicios que ofrecen.

La revolución de las nuevas tecnologías no puede dejar indiferente al Derecho, que debe ofrecer una respuesta eficaz a todos los problemas derivados de las relaciones sociales virtuales. Evidentemente, la creación o modificación de normas judiciales es un proceso lento y burocrático, siendo los Juzgados y Tribunales los encargados de iniciar los cambios jurisprudenciales que pueden terminar en cambios normativos.

A principios de noviembre de 2013 ha saltado a la palestra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Ferrol, por la que condena a un joven por un delito de acoso contra su ex pareja, quedando acreditados los hechos por, entre otras pruebas, las conversaciones de WhatsApp (famosa aplicación de envío de mensajería instantánea) y las llamadas perdidas que existían en el teléfono de la denunciante.

El fallo de la sentencia nos lleva a plantearnos ¿Qué validez pueden tener los mensajes de WhatsApp, fotos, SMS y demás contenido que podemos encontrar en un Smartphone, Tablet, etc.? La respuesta a dicha pregunta no es uniforme y necesita de un análisis individualizado de cada caso, sin embargo si podemos afirmar que dicho contenido es perfectamente válido como prueba en un procedimiento judicial, siempre y cuando se respeten los Derechos fundamentales a la hora de obtener dicha prueba. Suponiendo que el medio de prueba presentado –una conversación de WhatsApp- se haya obtenido respetando los Derechos Fundamentales (estos derechos), es necesario analizar hasta qué punto es suficiente dicha prueba, especialmente en el proceso penal donde es preciso enervar el principio de presunción de inocencia que asiste a todo acusado penal.

Los factores más relevantes para considerar tales pruebas suficientes para provocar una condena penal son diversos. El origen de la prueba es fundamental, es decir, tendrá plena validez,aquella prueba obtenida con autorización judicial y facilitada por la propia empresa que “almacena” los datos (telefónica, Facebook, etc.), sin embargo si dicha prueba es facilitada por el propio denunciante, requerirá de otros elementos en los que apoyar su veracidad. Lo anterior es consecuencia lógica de la facilidad con que dichas pruebas pueden ser manipuladas,pues es fácil borrar parte de una conversación, también es posible que sea otra persona, quien mediante el uso de Smartphone ajeno, envíe mensajes suplantando una identidad o simplemente que dichas pruebas hayan podido ser modificadas por un técnico informático.

En conclusión, podemos afirmar que es perfectamente utilizable cualquier medio de “prueba tecnológica” en un procedimiento judicial, sin embargo la misma puede no ser suficiente para condenar a un acusado, por exigir el derecho penal, “prueba suficiente”. Por ello consideramos fundamental, no sólo utilizar cualquier medio de prueba disponible, sino conseguir que dichos medios de prueba, tengan validez suficiente para conseguir una condena penal, siendo fundamental para ello, que dicha prueba haya sido obtenida por la autoridad judicial o que esté avalada por una pericial informática.

Como dice la STS 1415/ 2003, de 29 de Octubre, lo que el Derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE exige al Tribunal de instancia tiene un triple contenido:

–       Que haya prueba con un contenido de cargo (prueba Existente).

–       Que esa prueba de cargo haya sido obtenida y aportada al Proceso con observancia de las normas de la Constitución y de la Ley procesal (prueba lícita).

–       Que tal prueba de cargo existente y lícita sea razonable y considerada como suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

de policialocaldehuevar Publicado en Leyes

Los vigilantes privados podrán detener e identificar en cualquier espacio público

imagen-sin-tituloLa nueva Ley de Seguridad Privada que se está tramitando en el Congreso permitirá a los vigilantes privados detener y hacer identificaciones en cualquier espacio público. Bastará con que los órganos responsables de la seguridad privada en cada comunidad autónoma autoricen la prestación del servicio, con independencia de cuál sea su ubicación.

La norma, impulsada por el Ministerio del Interior, supondrá un cambio significativo en la regulación de la seguridad privada, aumentando considerablemente sus posibilidades de actuación. La actual Ley de Seguridad Privada, en vigor desde 1992, sólo faculta a los empleados del sector para actuar en el interior de instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido.

El proyecto de ley facultará para patrullar también en zonas comerciales peatonales, y asumir la seguridad de espectáculos deportivos o culturales. Esas novedades  han entrado en el informe de la ponencia que la próxima semana se votará en la Comisión de Interior del Congreso.

La nueva redacción modificará el artículo 41.4 del proyecto de ley, habilitará a los agentes de seguridad privada para la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”. Es decir, en cualquier sitio. La norma pone como única condición que las empresas de seguridad consigan una “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Si las autoridades lo permiten, los agentes privados podrán dedicarse a la vigilancia de cualquier barrio.

Más atribuciones

Y no sólo a la vigilancia. El otro gran grupo de novedades del proyecto de ley tiene que ver con las atribuciones de los agentes. En la actualidad, a los vigilantes de seguridad privada sólo se les permite “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.

La normativa vigente obliga a los agentes de seguridad a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les impide interrogarlos, la nueva ley les facultará para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también les habilitará para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Tras la votación de las enmiendas, el proyecto de Ley de Seguridad Privada acabará su recorrido en la Cámara Baja y será remitido al Senado para que complete su tramitación. Si la Cámara Alta acuerda introducir algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se prevé, el Senado da el visto bueno a la redacción que salga del Congreso, la Ley de Seguridad Privada entrará en vigor automáticamente. El proceso puede estar completado en menos de dos meses.  

 

 

Endurecimiento de las penas por robos en el campo

robos2_0La modificación del Código penal endurece las penas por robos en el campo.

El Consejo de Ministros celebrado hoy ha aprobado el proyecto de Ley  Orgánica que modifica el Código Penal, incluyendo preceptos destinados a combatir la grave lacra de hurtos y robos que se cometen en el medio rural.

Es la primera vez, que se recogen referencias expresas al sector agrario en esta norma de carácter penal.

Además del agravamiento de las penas para los miembros de grupos o bandas organizadas y para los autores de incendios forestales, hay que destacar la introducción de cuatro supuestos concretos, plenamente aplicables al sector agrario y que constituyen un tipo agravado del delito de hurto que se castigará con la pena de prisión de 1 a 3 años:

a) el hurto de productos agrarios o ganaderos o de los medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas, sin que se precise un valor mínimo del importe de lo sustraído, sino que lo determinante es el  perjuicio grave que causa.

b) igualmente, se considera un delito de hurto agravado, cuando revista especial gravedad, por el valor de lo sustraído o por los perjuicios producidos; circunstancias que, desgraciadamente, vienen sucediendo con mucha frecuencia en el medio rural y que es de esperar que a partir de ahora sean tenidas en consideración por los jueces.

c) respecto a los delincuentes profesionales, que también actúan en este ámbito, serán sancionados con dicha pena agravada, cuando actúen con el ánimo de proveerse de una fuente de ingresos no meramente ocasional, lo que lo convierte en un factor de reincidencia.

d) se introduce un nuevo artículo que castiga el robo de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, hecho que sucede muy a menudo en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por otra parte, se incorpora al Código Penal el art. 235 bis, que pretende dar una respuesta a la criminalidad organizada, castigado con la pena de 1 a 4 años de prisión, cuando alguno de los partícipes en la comisión del delito porte un arma o  instrumento peligroso o cuando se trate de un miembro de una organización criminal que se dedique a la comisión continuada de delitos contra la propiedad (supuesto también bastante habitual en el campo donde los hurtos y robos se cometen por grupos o bandas organizadas).

Precisamente, el próximo 1 de octubre está prevista la puesta en marcha en nuestra provincia de los equipos de investigación de robos en el campo (ROCA). Se trata de equipos de la Guardia Civil con conocimientos de cada comarca agraria que se centrarán de forma continua en cada demarcación en la lucha contra los asaltos en el campo y con la investigación como uno de sus cometidos principales.

 

Los establecimientos deben cambiar las hojas de reclamaciones desde este viernes tras cambiar la norma de la Junta

images (3)A partir de este viernes, los establecimientos tendrán que acogerse a la nueva normativa.

Los establecimientos deberán cambiar a partir de este viernes las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores en Andalucía,  así como los carteles informativos que avisan de la posibilidad de solicitar libro de quejas, tras la modificación del decreto 72/2008 que las regula, modificación que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Andalucía (BOJA), según ha informado la Unión de Consumidores.

Según un comunicado de la Unión de Consumidores, los cambios, dirigidos a establecimientos y usuarios que establece la Orden de 26 de julio de 2013 se centran en adecuar las referencias a los órganos y centros directivos a la actual distribución competencial, toda vez que se indicará que las competencias en materia de consumo son atribuidas a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que hasta ahora  eran ejercidas por la Consejería de Salud.

   Además, según estas modificaciones, se cambiará la traducción en inglés del texto que informa de la existencia de hojas de quejas en los establecimientos, tanto en soporte papel como electrónico.

El objetivo de los cambios es alcanzar “una información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional a las personas consumidoras y usuarias”. Según lo estipulado en el BOJA, los modelos anteriores quedan sustituidos por los de la presente orden, que entra en vigor este viernes.

Sin cambios en la normativa

Además, la Orden publicada este jueves en el BOJA, recuerda puntos esenciales del Decreto 72/2008, que no se ven modificados tales como la obligación de que las personas titulares de actividades que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía tengan a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones en sus centros y establecimientos.

También indica que esos carteles deberán estar colocados de modo permanente y perfectamente visibles y legibles, teniendo un formato mínimo de DIN-A4 y un tamaño de letras a partir de 0,7 centímetros. Asimismo, deberán estar dispuestos en las zonas de entrada y, en su caso, de salida.En caso de que el establecimiento tenga la posibilidad de presentación a través del sistema de hojas electrónicas de quejas y reclamaciones deberá exhibir el distintivo acreditativo de tal hecho.

Cómo poner una queja

Por otra parte, la Unión de Consumidores ha querido recordar a los usuarios que pueden solicitar, si encuentran vulnerados sus derechos como persona consumidora, la hoja de quejas y reclamaciones en el establecimiento correspondiente. La parte reclamada y la reclamante deberán rellenar sus espacios correspondientes de los impresos (autocalcables por triplicado). El usuario se quedará con las hojas para la Administración y para la parte reclamante y deberá recibir respuesta de la parte reclamada en diez días hábiles.

Ante una negativa a la hora de facilitar las hojas o si el comercio carece de ellas, el usuario puede avisar a la Policía Local. Aunque cada vez la cifra es menor, todavía quedan algunos comercios que carecen de este servicio obligatorio.

La Unión de Consumidores recuerda que aún hay determinados establecimientos que mantienen el libro de hojas de quejas y reclamaciones antiguo, que no estaba sellado por la Junta de Andalucía con la identificación del código de barras, por lo que considera que  ”serían recomendable un mayor número de inspecciones que controlaran la actualización del libro oficial”.